MGA sobre estado de excepción:”No se trata de militarizar la zona, sino de aplicar las herramientas de nuestra Constitución”

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MGA sobre estado de excepción:”No se trata de militarizar la zona, sino de aplicar las herramientas de nuestra Constitución”

El 2 de marzo del año pasado, en la provincia de Arauco, una caravana de 18 camiones -custodiada por carros policiales ante la seguidilla de ataques que afectaban a las regiones de Biobío y La Araucanía- enfilaba rumbo a Tirúa.

La larga columna de pronto se vio obligada a detenerse mientras se escuchaban disparos. Era tal la cantidad de vehículos emboscados, que los agresores alcanzaron a quemar seis transportes de madera antes de escapar del lugar. Ni siquiera los carabineros presentes pudieron evitarlo.

El hecho, una de las agresiones más graves ocurridas en Biobío, fue parte de una serie de atentados perpetrados ese verano en la región. Entre el 26 de enero y el 1 de marzo de 2016 fueron quemados una casa, diez camiones, un transporte de personal forestal -del cual 15 trabajadores lograron escapar- y cinco máquinas.

Ello motivó duras críticas al plan de contingencia que aplicó el Gobierno para prevenir la violencia y llevó a los agricultores de la zona, a los camioneros y a los contratistas forestales a solicitar que se dictara estado de excepción para controlar la inseguridad en la zona. La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respaldaron la idea y pidieron al Ejecutivo que al menos evaluara la medida para algunas comunas afectadas por la violencia rural.

Sin embargo, el entonces ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, lo descartó de plano, indicando desde La Moneda que “nuestro énfasis está puesto en las medidas de carácter policial y en la eficacia de la labor policial”.

Exactamente un año después, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, afirma que “sin querer, nos han dado la razón”.

Contraste

Con una seguidilla de incendios forestales en la zona centro-sur -que obligó a decretar en tres regiones alerta roja y estado de catástrofe al mismo tiempo-, la autoridad aplicó el 26 de enero estado de excepción para las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía.

Ese día se publicó en el Diario Oficial el Decreto 129 del Ministerio del Interior, que aplicó la medida para Biobío, entonces fuertemente afectada por los incendios forestales, por 90 días. Un día después, a través del Decreto 142, por motivos similares entró en vigor el estado de excepción para La Araucanía, que se suspendió el 15 de febrero, controlada ya la emergencia. Lo mismo ocurrió con las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, hoy normalizadas.

La excepción sigue siendo Biobío, donde la medida rige hasta el 26 de abril. El dirigente de los contratistas forestales dice que lo ocurrido desde entonces les ha dado la razón: ningún camionero ni contratista ha lamentado hechos de violencia. “Desde el 26 de enero no hemos sufrido ningún atentado. Lo único que queremos es que siga”, asegura Muñoz.

Angélica Tepper, presidenta de la Multigremial de La Araucanía y una de las dirigentas gremiales que el año pasado pidieron al Gobierno la medida, afirma que “lo venimos pidiendo desde hace tiempo y de forma responsable. Acá no se trata de militarizar la zona, sino de aplicar las herramientas que están en nuestra Constitución”.

Sostiene que en la IX Región, “las dos semanas que estuvimos con estado de excepción fueron de paz y trabajo. Pero apenas se acabó, empezamos de nuevo con la violencia”.

Para la dirigenta, aplicar estado de excepción en La Araucanía en forma permanente es absolutamente necesario: “Se trata de lograr la tranquilidad para que haya trabajo y progreso. En esta región, muchas inversiones se frenan por el tema de la inseguridad y se provoca un círculo vicioso de pobreza. Imagínese en un año, cómo cambiarían esos índices”.

Según el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, el estado de excepción debería ser una medida a considerar para terminar con lo que califica de “terrorismo” en las zonas más agudas del llamado conflicto mapuche. “Las comisiones, mesas de trabajo y la entrega de tierras no han sido efectivas. No replicar la medida es, simplemente, no tener la dispoción política para dar solución al tema”.

”No se trata de militarizar la zona, sino de aplicar las herramientas de nuestra Constitución”. ANGÉLICA TEPPER Pdta. Multigremial de La Araucanía

”En otros países se pide estado de excepción sin dudarlo cuando hay situaciones de emergencia o cuando hay violencia”. MAURICIO SEPÚLVEDA Pdte. De Paz en Biobío

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camiones, 5 máquinas forestales, una casa y un transporte de personal forestal fueron quemados en Biobío entre el 26 de enero y el 1 de marzo de 2016. Ello contrasta con igual periodo de 2017, donde no se han registrado ataques incendiarios en la región.

Fuente: El Mercurio

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