Más de mil personas son las víctimas del terrorismo en el sur de Chile

Gremios creen que recursos para las víctimas de la violencia son insuficientes
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Más de mil personas son las víctimas del terrorismo en el sur de Chile

Los dueños de camiones llevan la cuenta en detalle y dicen que desde 1997 a la fecha han perdido 208 transportes de carga, como consecuencia de atentados incendiarios en la zona de la violencia rural, entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
El presidente de la Fedesur, José Villagrán, calcula un valor promedio de US$ 100 mil dólares por máquina (casi $70 millones) y un total en pérdidas acumuladas de US$ 20,8 millones (cerca de $14 mil 560 millones).
En cambio, en el gremio forestal, el presidente de la Corporación de la Madera (Corma) en La Araucanía, Patricio Santibáñez, indica que “los daños son variables cada año”, y relata que “aparte de los efectos que causa un incendió forestal intencional, hay que sumar los costos del combate al fuego”. Estima que “las pérdidas, en millones de dólares, van desde algunas unidades a varias decenas anuales”.
El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, calcula en US$ 18 millones (unos $12 mil 600 millones) las maquinarias quemadas en los últimos tres años.
Angélica Tepper, presidenta de la Multigremial de La Araucanía, y Gloria Naveillán, secretaria ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, coinciden en que sumando todos los sectores dañados por los ataques, son más de mil personas “las víctimas directas del terrorismo en la zona sur”.
Las representantes gremiales también reconocen que frente a una decisión del Estado por entregar reparaciones monetarias, “es importante que las víctimas denuncien los ataques, porque es el único respaldo oficial”.
Frente a ello, Villagrán les ha pedido a los asociados -que en un 50% no denuncian- que dejen constancia en Carabineros. Muñoz, en tanto, dice que para revertir el 40% de atentados que no son judicializados, la organización presta asesoría de abogados y acompaña a sus socios en las acciones judiciales.
“Dentro del Consejo Asesor Presidencial para La Araucanía no he encontrado ninguna opinión contraria a establecer un fondo de reparaciones económicas para las víctimas”, asegura el representante de los gremios ante dicha instancia, Emilio Taladriz. Y agrega que “hay consenso en que el Estado falló y debe responder a los afectados”.
La responsable del “Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena”, Mirtha Casas, quien catastra todos los delitos denunciados en las tres regiones mencionadas, aclara que dicho instrumento “describe los hechos, pero no evalúa las pérdidas”, y plantea que “una cosa son los daños materiales, pero ¿cómo se calculan los daños morales o el lucro cesante, que es el tiempo que una persona deja de generar ingresos?”.
Tras el término de la discusión del Presupuesto 2017 en el Senado, se conoció que el Gobierno incluyó una glosa de $3 mil millones para “financiar iniciativas que contribuyan a la reposición de las actividades económicas afectadas por la violencia rural”, idea que surgió de una propuesta de los senadores RN Alberto Espina y René García. La medida fue calificada como “el primer acto de reconocimiento del Estado a las víctimas de la violencia”.

 Fuente : El Mercurio

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