Juan Pablo Lepin: “Es necesario establecer mayores restricciones para evitar que se sigan entregando tierras a comunidades violentas”

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Juan Pablo Lepin: “Es necesario establecer mayores restricciones para evitar que se sigan entregando tierras a comunidades violentas”

La Multigremial de La Araucanía pidió  prioridad para grupos pacíficos y catastro de reclamaciones.

Las comunidades mapuches Huañaco Millao (Ercilla), Ignacio Lemún (Ercilla), Mahuidache (Pitrufquén) y Malla Malla (Alto Biobío) recibieron durante el año pasado terrenos adquiridos por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Si bien ninguno de los predios que ellas obtuvieron se encontraba usurpado o tomado -situación que también comparten los otros 73 terrenos distribuidos durante 2016-, estas cuatro comunidades sí habían participado con anterioridad en hechos de violencia para plantear sus reclamaciones. Así lo reveló el abogado Juan Pablo Lepín, asesor jurídico de la Multigremial de La Araucanía y experto en la Ley Indígena.

Desde 2016, el presupuesto anual de Conadi incluye una glosa en que se prohíbe la entrega de terrenos a comunidades que realicen acciones de fuerza para concretar sus demandas.

Pese a ello, a juicio de Lepín, “es necesario establecer mayores restricciones para evitar que se sigan entregando tierras a comunidades violentas” y considera urgente “fijar un criterio para dar prioridad a grupos que hacen solicitudes pacíficas”.

Según información obtenida por Lepín de la propia Conadi, a través de una solicitud de Transparencia, hasta fines de 2015 existían 549 reclamaciones con el decreto de aplicabilidad dictado por la Conadi. Si se considera que ese año se acogieron 81 y en 2016 otras 77 -y sin incluir reclamaciones que se han sumado con posterioridad- habría al menos 391 comunidades en lista de espera por tierras.

Lepín aboga porque se establezca “un criterio claro” para definir las aplicabilidades. “Hay un reglamento, pero ha sido usado mañosamente para mantener apagados los focos de conflicto”, indica, junto con agregar que “por otro lado, tenemos comunidades que llevan más de 10 o 12 años esperando, que nunca han participado en hechos de violencia ni han realizado protestas, y que todavía no les compran. Esa señal es muy mala”.

Detalla que las comunidades pacíficas son las que predominan “y no son muy visibles, porque están insertadas en el sistema productivo; en cambio, las agrupaciones violentas, que por lo general no son productivas, buscan y buscan beneficios del Estado, se siguen subdividiendo para obtener más tierras, lo que es un círculo vicioso que sigue postergando a comunidades que efectivamente trabajan”.

Un catastro final de las tierras reclamadas por las comunidades pide el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (Sofo), Marcelo Zirotti. “La ley (Indígena) hoy permite que cualquiera forme una comunidad y haga una reclamación de tierras y estas se multiplican de manera infinita”, asegura.

Dada la gran cantidad de reclamaciones, Zirotti plantea fijar en un “mínimo de cinco años” el impedimento para que comunidades que participaron en usurpaciones de predios puedan postular y acceder a tierras.

Fuente. El Mercurio

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